Así lo recoge la propuesta de modificación normativa reglamentaria elaborada por la plataforma representativa de la discapacidad en España, que ha sido remitida al Ministerio de Educación actual, aunque se insistirá en la importancia de poner en marcha esta medida al próximo Gobierno.

 

El CERMI recuerda que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el nivel educativo de las personas con discapacidad es notablemente inferior al de quienes no tienen discapacidad (un 12% inferior en el nivel educativo superior). Además, la situación se agrava conforme aumenta el grado de discapacidad, y por ende los apoyos que el alumno necesita, de forma que cuando el grado de discapacidad es de entre el 45% y el 64% la brecha se eleva hasta el 25%, al 28% con un grado de entre el 65% y el 74% y al 30% con una discapacidad superior al 75%.

 

A juicio de esta entidad, esta situación justifica el establecimiento de medidas de acción positiva reforzadas, como es el de las medidas de reserva. De hecho, recuerda que similares acciones reforzadas de reserva se utilizan en el caso del empleo (Art. 42 del TRLGD) y de vivienda (Art. 32 del TRLGD), en los que incide de forma muy especial la discriminación de las personas con discapacidad.

 

Para impulsar un mayor acceso de las personas con discapacidad a estudios de posgrado teniendo los apoyos necesarios y contando con plazas reservadas, es necesario modificar el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, modificado por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero.